Molly Cyr
Los activistas de Tanzania habían
ingresado legalmente en Malawia, para hacer un viaje de aprendizaje con colegas
del lugar, en la extinta mina de uranio de Kayekera en la región de Karonga.
Las autoridades de Malawi aprobaron previamente la misión. El arresto y la
detención se producen en un momento crítico, durante los debates internos de
Malawi sobre los impactos dañinos de la minería en las comunidades locales.
Estos ocho activistas de derechos
medioambientales de Tanzania son llevados a los tribunales de Mzuzu el 9 de
marzo, tras dos meses de detención y nueve aplazamientos de su juicio. Las
autoridades de Malawi arrestaron a los defensores de los derechos humanos a
finales de diciembre, durante un intercambio educativo pacífico en la región de
Karonga. Los defensores de los derechos humanos, entre ellos una mujer de 60
años de edad de la zona rural de Tanzania, fueron privados de alimentos durante
las primeras 24 horas de su detención y sólo permitieron el acceso esporádico a
los abogados.
Los ocho activistas pacíficos, de los
que estamos hablando, son miembros de la Misión de Concienciación del Uranio de
Tanzania (TUAM), que organiza la educación de la comunidad y trata de los
impactos socioeconómicos y ambientales de la minería. Los miembros de la TUAM
habían entrado legalmente en Malawi, desde Tanzania, con el propósito de
realizar un viaje de aprendizaje con colegas de Malawi, en la extinta mina de
uranio de Kayekera, región de Karonga. Antes de viajar obtuvieron la aprobación
de las autoridades de Malawi para realizar esta experiencia.
La detención se produce en un momento
crítico durante los debates internos de Malawi sobre los impactos dañinos de la
minería en las comunidades locales. Menos de una semana antes de la detención,
el parlamento de Malawi aprobó un proyecto de ley, destinado a garantizar un
mayor acceso a la información, a las comunidades afectadas por los proyectos
mineros. El proyecto de ley de acceso a la información, aprobado el 14 de
diciembre de 2016 y enviado al Presidente para su aprobación, a mediados de
enero, permitía a los ciudadanos de Malawi solicitar y recibir información
vital sobre las industrias que trabajan en su zona. Pero el compromiso del
gobierno de difundir información crítica relacionada con el medio ambiente y la
salud, se ve minado por la detención de activistas que hacen exactamente ese
trabajo.
La yuxtaposición de permitir que los trabajadores de
derechos humanos ingresen en el país y detenerlos, plantea preguntas sobre las
afirmaciones del presidente, Peter Mutharika, de que su país tiene un
"marco sólido para la protección de los derechos humanos". En el Día
de Derechos Humanos de 2015, el presidente subió al escenario en una
conferencia de prensa para presumir de la "judicatura independiente"
de Malawi y de las "instituciones
nacionales de derechos humanos".
El 17 de enero de 2017, fueron llevados ante los
tribunales. Hasta ese momento los
miembros de la TUAM languidecían en la cárcel en malas condiciones, sin que las
autoridades les informaran sobre las razones de su detención. Durante su
juicio, hubo una confusión importante en cuanto a los cargos contra los
defensores de los derechos humanos, ya que no habían recibido información
oficial, sólo hubo los rumores de la policía, que les acusaba de cargos tan diversos como "invasión
criminal" y "espionaje".
Los ocho defensores de los derechos humanos fueron
finalmente acusados de "entrar en las instalaciones de la mina de uranio
Kayekera, con la intención de cometer el delito de llevar a cabo una operación
de reconocimiento sin licencia".
Todo el proceso, tanto de detención como de juicio, se ha
visto afectado por flagrantes irregularidades. Fueron detenidos
arbitrariamente, durante más de un mes y los juicios se retrasaron siete veces
en un mes. Las condiciones en que los mantuvieron en prisión y el procedimiento
fue anormal, quebrantaban varios artículos del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (ICCPR), del que Malawi es parte desde 1993.
Malawi afirma que está comprometida con el consentimiento
informativo y participativo de las comunidades locales afectadas por los
proyectos mineros. Para que este anuncio tenga algún peso, el país debe liberar
inmediatamente todos los cargos contra los defensores de derechos humanos de
Tanzania, que entraron al país para un intercambio educativo. Su labor legítima
y pacífica en materia de derechos humanos no era una amenaza para un gobierno,
igualmente comprometido con el respeto de los derechos humanos. Las autoridades
de Malawi no pueden pretender ser tal gobierno mientras los activistas
permanezcan en prisión.
* Molly Cyr es Investigadora y Capacitadora de África en Front Line Defenders.
* LAS OPINIONES DEL ARTÍCULO ANTERIOR SON LAS DEL AUTOR Y
NO NECESARIAMENTE REFLEJAN LAS OPINIONES DEL EQUIPO EDITORIAL DE PAMBAZUKA NEWS
* ENTREGADO POR PAMBAZUKA NOTICIAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario